PRÁCTICUM DERECHO PRIVADO en la Universidad de Navarra.

Prácticum de Derecho Privado (principalmente, Derecho Mercantil y Derecho Civil) en la Universidad de Navarra. Se trata del proyecto final de carrera, consistente en el análisis y resolución de un caso práctico complejo, realizado por los estudiantes de grado en Derecho. Consta de tres partes: un recurso, y dos dictámenes. Recibió un 9,00 SB de nota. Los autores son Paulina Antúnez, Félix Pernas e Ignacio Castiella.

Extracto del documento

I. DICTAMEN EXPLICATIVO DEL RECURSO

El presente dictamen tiene por objeto dar razón de los argumentos jurídicos planteados en el recurso de apelación, así como de las posibles opciones que hemos rechazado, sin ánimo de profundizar en cada una de estos argumentos, pues de ello ya se encarga el recurso.
Antes que nada, hay que tener en cuenta que, si bien lo dicho en la contestación a la demanda no condiciona los argumentos a esgrimir al momento de recurrir la sentencia, lo más conveniente es seguir una línea argumental coherente.
Así, como argumento principal del recurso volvemos al tema de la causa del contrato, defendiendo, en la misma línea, la ineficacia sobrevenida del contrato por desaparición de la causa. Tanto el recurso de reposición del demandante como el Tribunal en su sentencia, distinguen la causa del contrato de los fines subjetivos de las partes. También lo hacemos nosotros. No cuestionamos la doctrina objetiva de la causa que ha tenido gran influencia en nuestro Ordenamiento Jurídico, pues su fundamento es claro: encauzar y vigilar el ejercicio de la autonomía de la voluntad , limitar la amplitud en la calificación que dejaría a los tribunales el considerar como causa los fines subjetivos de las partes. Pero tampoco podemos llevar esta postura al extremo, pues convertiríamos la causa en pura formalidad sin sentido, disfraz de fraudes.
Lo que tratábamos de explicar entonces, y ahora de nuevo en el recurso de apelación, era que nos encontramos en uno de esos casos excepcionales en los que los móviles subjetivos de alguna de las partes han empapado de tal modo el contrato, que se han convertido en el móvil impulsivo y determinante del que
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II. RECURSO DE APELACIÓN

AL JUZGADO de 1ª Instancia nº 1

DOÑA PILAR LUMBRERAS LECUMBERRI, Procuradora de los Tribunales, en nombre de DOÑA ELVIRA RAMOS ARTIGAS, cuya representación tengo acreditada en Juicio Ordinario 390/06 seguido a instancia del AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA, como mejor proceda en derecho, comparezco y DIGO:
Que por medio del presente escrito y al amparo del art. 458.1 de la LEC interpongo recurso de apelación, debidamente preparado, frente a la Sentencia de fecha 19 de diciembre de 2007, en base a los siguientes motivos y alegaciones:
I. RECURSO POR INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES
En virtud del art. 459 de la LEC, alegamos la infracción del art. 218.2 de la LEC según el cual la sentencia debe estar debidamente motivada, “ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón”. Igualmente, se han infringido los artículos que regulan la reconvención, en concreto, el artículo 406 de la LEC, según la cual no cabe la reconvención implícita.
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SEGUNDO. CUANTÍA.
Infracción del art. 251.3ª.4º. LEC y del art. 1091 CC. Impugnación del primer párrafo del fundamento de derecho segundo de la sentencia.
La sentencia de instancia no está debidamente motivada, pues en ella no se encuentran, ni de ella se deducen, los razonamientos fácticos y jurídicos que la han conducido a la apreciación y valoración de la prueba, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. Se ha infringido por ello lo prescrito en el art. 218.2 de la LEC.

En primer lugar, se infringe el citado precepto en el momento en que desestima la impugnación de la cuantía planteada por mi representada. Lo hace basándose en una supuesta aplicación del art. 251.3.4° de la LEC, según el cual, cuando el bien que se reclame haya sido objeto de una compraventa tiene preferencia como criterio de valoración el precio pactado en el contrato. Pues bien, el tribunal, habiendo detectado correctamente la norma, yerra al aplicarla.
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El contrato celebrado entre mi representada y el Ayuntamiento solamente se entiende en su verdadera realidad negocial, como decimos, haciendo del mismo una interpretación, no solamente literal, sino también sistemática e integradora, debidamente contextualizado en el entorno contractual y documental en el que tuvo lugar. El mismo es un supuesto (atendidas las circunstancias del caso, la iniciativa negocial de la Administración y la motivación específica que la produjo), en el que afloran los motivos personales de celebración, tanto para una como otra parte, con tal fuerza que puede racionalmente pensarse que, de no existir tales motivos específicos perfectamente diferenciados de la causa típica -esto es, la contraprestación de la otra parte contratante-, nunca se habría celebrado tal contrato. Tanto como decir que tales motivos, concretados en la iniciativa pública de acometer la ejecución de un vertedero, se constituyeron en el presente caso en el móvil impulsivo y determinante del que habla nuestro T.S.
Pertenece el presente caso a uno de los supuestos excepcionales en los que dichos móviles, de ordinario irrelevantes jurídicamente, no pueden ser desconocidos en la compraventa, ya que en ellos tiene su verdadero origen la voluntad contractual de ambas partes.
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CUARTO. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS.
Pedimento subsidiario de la demanda, relevante en caso de estimación del recurso.
La estimación de este recurso conllevaría la desestimación del pedimento principal de la demanda, y la posibilidad, en consecuencia, de que se estime el pedimento subsidiario, que dice: en caso de que no fuera posible dar cumplimiento al contrato, se condene a la demandada a restituir las cantidades y a indemnizar los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del mismo. Pues bien, esto es, en todo caso, inaceptable. La ley 564 del Fuero Nuevo exige para que tenga lugar la transmisión que se realice la “entrega de la cosa vendida”, y equivaldrá a la entrega, salvo pacto en contrario, dice la ley 568, el otorgamiento de la escritura pública de compraventa. Dicho otorgamiento nunca tuvo lugar, algo que se le reprocha a mi clienta (ver documento nº 27 de la demanda), cuando lo cierto es que nunca fueron requeridos, ni ella ni su marido, al otorgamiento de la misma.
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En virtud de lo expuesto,
SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo. Por interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación, para en su día y previos trámites legales de rigor, dictar Sentencia que con total estimación del presente escrito revoque y deje sin efecto la sentencia de primera instancia y en su lugar dicte otra desestimando íntegramente la demanda inicial, con expresa condena a la actora al pago de las costas de la primera instancia, reintegrando la demandada a la actora las cantidades percibidas a cuenta del precio, actualizadas.
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III. ASPECTOS TRIBUTARIOS DEL CASO

Antes de entrar a analizar los impuestos que probablemente ha generado la venta del terreno realizada por Don Luis Recalde al Ayuntamiento de Pamplona, es necesaria una precisión jurídica: en el Derecho español el contrato no transmite por sí mismo el derecho de propiedad, sino que sigue la teoría del título y el modo . Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en numerosa jurisprudencia en la que pone en relación los artículos 609 y 1095 del Código Civil . En este caso, existe un contrato de compraventa con fecha de 14 de diciembre de 1976 cuya validez no se cuestiona, si bien se alega que ha devenido ineficaz por desaparición de la causa. En todo caso, el terreno nunca fue entregado y nunca se otorgó escritura pública, existiendo sólo un contrato privado de compraventa. Esto es relevante a efectos de devengo de los impuestos que podrían haberse producido, esto es, IRPF e ITPyAJD.

El primero, el IRPF,
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En segundo lugar, analizaremos el ITPyAJD:
(1) ITPO
El hecho imponible son las transmisiones onerosas por actos inter vivos de bienes y derechos que integren el patrimonio , en este caso, la transmisión del terreno.
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Corresponde ahora determinar las consecuencias de la falta de inscripción del poder en el Registro Mercantil, así como el efecto de la revocación del poder respecto de los actos realizados por la apoderada.
Analizamos a continuación si el poder general debe estar inscrito y qué implica su no inscripción.
En efecto, la inscripción de un poder general otorgado por empresario es obligatoria . En nuestro caso, el poder otorgado a Doña Diana no se encuentra inscrito, y a pesar de ello, ha actuado con él en el tráfico jurídico. Es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que la falta de inscripción del poder general en el Registro Mercantil no produce la nulidad de los actos y contratos celebrados por el apoderado, y dicho poder no podrá ser invocado en perjuicio del tercero contratante, quien sí podrá invocarlo en aquello que le favorezca . De lo anterior se sigue que CUEFRI no puede invocar la falta de inscripción del poder para alegar la nulidad de lo actuado.
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La primera cuestión es si Doña Diana, como apoderada de CUEFRI, podía solicitar a nombre de ésta una cuenta de crédito. En efecto, el 30 de agosto de 2009, Doña Diana ha solicitado a nombre de CUEFRI la apertura de una cuenta de crédito. Del poder que le ha sido otorgado se desprende que dicha facultad le ha sido atribuida. Si bien el poder le ha sido revocado con fecha de 18 de agosto del mismo año, como ya se ha analizado en lo relativo a la donación, en tanto la apoderada no tenga conocimiento de la revocación, ésta no surtirá efecto. Cuestión distinta es que, teniendo conocimiento de que el poder le ha sido revocado, continúa actuando a nombre de CUEFRI.
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7. Finalmente, y como última cuestión de esta parte del dictamen, determinaremos cuál es la posición de cada uno de los socios en la sociedad.

Al constituir la sociedad, ambos suscribieron el capital social a partes iguales, por lo que tienen derechos en proporción de 50%-50%. Don Bernardo realizó un aumento de capital por 10.000 con el que pretendía elevar el capital social a 100.000 euros y alterar la proporción de derechos entre los socios en un 55%-45%, convirtiéndose en socio mayoritario. Dicho aumento, tal como hemos determinado en su momento, es ineficaz; y ello sin contar con el hecho de que Don Bernardo pretendía suscribir las participaciones por su valor nominal y no por su valor real.
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II. PROPUESTA DE SOLUCIONES EN CASO DE ACUERDO AMISTOSO

Ahora proponemos el camino a seguir para regularizar amistosamente la situación de CUEFRI, S.L.

1. La primera cuestión es la referente a la donación. Tenemos dos opciones: (1) llevar a cabo los actos necesarios para que ésta adquiera plena validez; o (2) llegar a un acuerdo para que ésta se declare nula.

Para que la donación adquiera plena validez, será necesario que la Junta General adopte un acuerdo en el que ratifique dicha donación. Con ello, la donación adquiriría plena validez desde su origen, sobre todo se salvaría la ineficacia causada por la autocontratación, pues recordemos que ésta afectaba sólo a la sociedad y no al donatario, Eliseo.
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III. PROPUESTA DE SOLUCIONES EN CASO DE QUE NO SE LLEGUE A UN ACUERDO

En caso de que no se llegue a un acuerdo entre nuestro cliente y Don Bernardo, las soluciones que se proponen son las siguientes:

1. Pedir la disolución judicial de la sociedad. El CCom contempla como causa legal de disolución la paralización de los órganos sociales , que en este caso se da debido a las diferencias entre los socios y que afecta no sólo al Consejo de Administración –cuyos miembros son los dos matrimonios en conflicto–, sino a la misma Junta General, pues los socios en conflicto ostentan el 50% de los derechos de voto cada uno. En estos casos, la Ley prevé que se adopte el acuerdo de disolución en sede de Junta General , pero ya que los socios no han podido llegar a un acuerdo, y en caso de que Don Bernardo se niegue a votar la disolución en la Junta General,
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IV. ASPECTOS TRIBUTARIOS RELACIONADOS CON EL DICTAMEN

1. Analizaremos ahora los aspectos tributarios de la donación que Doña Diana, apoderada de la sociedad CUEFRI, ha hecho en nombre de ésta y a favor de su hijo, Eliseo. Lo primero a tener en cuenta es que el donante no es la madre del donatario, sino la sociedad en cuyo nombre aquella actuó.

La donación está sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. El hecho imponible es la adquisición de bienes por donación y el sujeto pasivo es el donatario, en este caso Eliseo .
La base imponible es el valor real del bien minorado por las cargas y deudas que fueren deducibles , sin que la hipoteca tenga tal carácter . El préstamo hipotecario por el que responde el inmueble frente al BBVA al momento de la donación no tiene el carácter de deuda deducible pues el donatario no ha asumido la obligación de pagarlo . Respecto del valor del inmueble, si bien el valor declarado del 50% del inmueble es de 350.000 euros, sabemos que el valor real del 50% del piso es de 500.000 euros.
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A. DETERMINACIÓN DE LAS POSIBLES RELACIONES JURÍDICAS Y ACCIONES EJERCITABLES ENTRE LAS PARTES.

1) Entre María de las Angustias Jiménez González (la “PROPIETARIA”) y Promociones Bucanero, S.L. (la “PROMOTORA”) existe un contrato de compraventa por el cual la primera adquirió la vivienda unifamiliar, objeto del presente dictamen.
Antes de entrar a fondo en los distintos problemas que se nos plantean, debemos resolver la cuestión de las fuentes. ¿Qué normativa hemos de aplicar? El capítulo I del Título Preliminar del Código Civil regula las fuentes del Derecho, preceptos los encontrados en dicho capítulo que, como sabemos, son de aplicación en toda España, otorgando criterios para dilucidar en cada caso cuál debe de ser la ley aplicable. Así, el art. 10.1 CC dice que “la posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así como su publicidad, se regirán por la ley del lugar donde se hallen”.
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B. ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS POSIBLES SITUACIONES DE PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES; POSIBILIDADES EN DIFERENTES MOMENTOS.

Lo primero es determinar cuál es la ley aplicable a las acciones ejercitables. Las acciones de responsabilidad contractual y extracontractual contempladas en los párrafos 4), 5), 6) y 8) se rigen por las disposiciones del CC mencionadas, por lo que no plantean ningún problema. Lo mismo sucede con las posibles acciones derivadas del párrafo 9).
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LOE, Disposición Transitoria Primera.
Es decir, 6 de mayo de 2000, según LOE, Disposición Final Cuarta.
El desarrollo jurisprudencial del 1591 CC ha evolucionado al grado de que la doctrina lo considera autónomo respecto de la propia norma. En este sentido, CARRASCO PERERA, Ángel. La jurisprudencia post-loe. Aranzadi Civil, 2002 (BIB 2002\28).
CC, art. 1964.
LOE, art. 17.1.
LOE, art. 18.1.
CARRASCO PERERA, Ángel. Prescripción y retroactividad en la LOE. Actualidad Jurídica Aranzadi, 2006 (BIB 2006\952).
Ley Foral ISDN, art. 34.1.a)
Ley Foral ITPyAJDN, art. 22.2.
LOE, art. 19.1.b).
LOE, art. 19.1.a).
LOE, art. 19.1.c).
Antes de la entrada en vigor de la LOE, las responsabilidades derivadas por defectos en el proceso de la construcción se regían por lo establecido en los arts. 1591 y ss. CC.